EE.UU. detiene a Nicolás Maduro tras los ataques ocurridos en Caracas y declara un “control provisional” sobre Venezuela, mientras la ONU convoca una reunión de emergencia
Estados Unidos llevó a cabo en la madrugada del sábado una operación militar en Venezuela que terminó con la detención del presidente Nicolás Maduro y su posterior traslado a Nueva York para responder por cargos de narcotráfico, en lo que constituyó la intervención más contundente de Washington en América Latina en décadas, de acuerdo con informes oficiales y de diversas agencias.
El presidente Donald Trump sostuvo que Washington asumiría temporalmente la conducción de Venezuela “hasta que se garantice una transición segura”, y añadió que importantes compañías petroleras de Estados Unidos colaborarían en la restauración de la infraestructura energética del país, una declaración que provocó cuestionamientos y críticas sobre el verdadero alcance de dicha operación.
De acuerdo con Reuters, la incursión incluyó ataques contra instalaciones militares y afectaciones eléctricas en partes de Caracas. Trump dijo que fuerzas especiales capturaron a Maduro en o cerca de una de sus casas de seguridad; posteriormente, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron llevados primero a un buque de la Marina estadounidense y luego volaron a Estados Unidos. Un funcionario del Departamento de Justicia confirmó su llegada a Nueva York y se prevé que comparezca en una corte federal el lunes.
En Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez describió lo sucedido como un “secuestro” y demandó la liberación inmediata de Maduro, reiterando que, según Reuters, continúa siendo “el único presidente” del país. Más tarde, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo dispuso que Rodríguez asumiera como presidenta encargada con el fin de “garantizar la continuidad administrativa” mientras se establece un marco legal ante la “ausencia forzada” del mandatario arrestado.
ONU: sesión del Consejo de Seguridad y tensión diplomática
Según informaron diplomáticos a Reuters, el Consejo de Seguridad de la ONU fue convocado para reunirse el lunes tras una petición elevada por Colombia y apoyada por Rusia y China. El secretario general António Guterres, mediante su portavoz, calificó la acción estadounidense como “un precedente peligroso” y exhortó a respetar íntegramente el derecho internacional y la Carta de la ONU.
Venezuela, por su lado, expuso ante el Consejo de Seguridad lo que describió como una “guerra colonial” destinada a imponer un gobierno títere y expoliar recursos, según una misiva citada por Reuters. Washington, por el contrario, ha procurado presentar la operación como un acto de “justicia” contra un líder “acusado” de narcotráfico, conforme a declaraciones difundidas por la misma agencia.
Reacciones: opiniones divididas en América Latina y Europa
Las reacciones en la región fueron dispares. El presidente colombiano Gustavo Petro condenó el ataque y pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad; el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva respaldó esas críticas y señaló que el bombardeo y la captura “cruzan una línea inaceptable”, según Reuters. En Chile, el presidente saliente Gabriel Boric condenó la intervención, mientras que el presidente electo José Antonio Kast celebró la detención de Maduro. México también expresó condena, mientras que Argentina y Ecuador mostraron respaldo a la acción estadounidense, de acuerdo con el mismo reporte.
En Europa, Alemania instó a hallar una solución política y advirtió sobre una escalada potencial, subrayando la obligación de acatar el derecho internaciona.
Debate interno en EE.UU.: Congreso exige explicaciones
En Washington, legisladores demócratas denunciaron que fueron “engañados” en reuniones clasificadas previas, en las que —según dijeron— se les aseguró que no habría cambio de régimen ni acción militar. También exigieron un plan claro sobre el costo y el alcance de la intervención, mientras Trump argumentó que mantuvo el operativo en secreto para evitar filtraciones.
Por qué algunos lo ven como un avance para los derechos humanos
La idea central de los defensores es que el principal obstáculo para la recuperación democrática no era técnico sino coercitivo: el uso sistemático del aparato estatal para intimidar, encarcelar y silenciar a opositores, periodistas y ciudadanos. Un reporte sobre hallazgos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU describe prácticas como detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual, y califica la represión como parte de un patrón sostenido contra opositores.
