Contenido
Ingenieros Civiles Asociados Panamá, S.A., también identificada como ICA Panamá, fue una sociedad dedicada a actividades de ingeniería y construcción, vinculada al grupo mexicano ICA, conocido por su participación en proyectos de infraestructura.
La operativa de este tipo de compañías exige la contratación de colaboradores, subcontratistas, especialistas y personal técnico. Por otra parte, las obras de edificación suelen acarrear compromisos económicos sustanciales y litigios relativos al abono de las tareas ejecutadas.
En esta situación, la sociedad panameña encaró una demanda legal interpuesta por Santor Ingeniería & Construcción, S.A.
A diferencia de casos como Fotokina o R.G. Hotels, en los que existían grandes compromisos financieros distribuidos entre numerosos inversionistas y entidades bancarias, el procedimiento de quiebra de ICA Panamá se inició a partir de una obligación comercial específica.
Esto constituye un rasgo relevante del caso, ya que evidencia de qué manera la inobservancia de un deber específico es capaz de desencadenar un litigio con repercusiones para todo un conglomerado corporativo.
¿En qué año quebró y cómo ocurrió?
El 22 de agosto de 2016, el Juzgado Séptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá emitió el Auto No. 1302, mediante el cual declaró a Ingenieros Civiles Asociados Panamá, S.A. en estado de quiebra, con carácter provisional, identificado en la resolución como una declaración «por ahora».
El fallo se originó tras una demanda interpuesta por Santor Ingeniería & Construcción, S.A., la cual exigía la cancelación de un adeudo proveniente de una transacción comercial.
En agosto de 2016, la prensa habló de una deuda de B/.69,244.20, mientras que una resolución posterior de la Corte Suprema de Justicia recogió una pretensión de Santor por B/.79,204. Como las fuentes no coinciden, no conviene presentar ninguna de las dos cifras como el monto definitivo.
El tribunal basó su resolución en preceptos del Código de Comercio referidos a la facultad de declarar la quiebra de compañías que desatienden compromisos comerciales líquidos y exigibles.
La resolución de los tribunales dictaminó la retención y el resguardo de activos, archivos y depósitos bancarios de la compañía, además de la citación a los acreedores que desearan sumarse al proceso.
No obstante, el asunto experimentó un giro posterior que alteró profundamente el escenario judicial.
Procesos y fallos del caso ICA Panamá
El conflicto judicial de ICA Panamá no terminó con la declaración inicial de quiebra.
El 30 de agosto de 2016, tan solo ocho días después del fallo inicial, el Juzgado Séptimo Civil emitió el Auto No. 1377, por medio del cual aceptó el desistimiento de la solicitud de quiebra promovida por Santor Ingeniería & Construcción.
Este desistimiento constituyó un suceso determinante: la entidad impulsora de la demanda optó por no seguir adelante con su reclamación bajo los planteamientos iniciales.
Posteriormente, otras sociedades, entre las cuales figuran Constructora Meco, S.A. y Riosol Inversionistas, S.A., se presentaron con el fin de exigir sus prerrogativas en calidad de acreedores.
De acuerdo con el expediente judicial, dichas corporaciones invocaban obligaciones reconocidas en un laudo arbitral emitido en febrero de 2016. Las sumas mencionadas ascendían a US$680,661.93 para Constructora Meco y US$120,116.81 para Riosol Inversionistas.
Mediante el Auto No. 1468 del 8 de septiembre de 2016, el Juzgado Séptimo procuró enmendar su providencia previa, de modo que quedó sin efecto la disposición de archivo que había acompañado la admisión del desistimiento.
Esta intervención dio lugar a un amparo de garantías constitucionales interpuesto por los apoderados judiciales de ICA Panamá.
El 17 de noviembre de 2016, el Primer Tribunal Superior otorgó el amparo tras estimar que se había producido una conculcación del debido proceso.
Posteriormente, el 10 de mayo de 2017, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia confirmó esa decisión. La Corte consideró que el juez no tenía fundamento jurídico para modificar de oficio la resolución mediante la cual había admitido el desistimiento en las circunstancias del caso.
Por tanto, el fallo del tribunal ratificó la salvaguarda constitucional concedida a ICA Panamá respecto al Auto No. 1468.
Este resultado cobra especial relevancia: no resultaría exacto asegurar de forma tajante que ICA Panamá se fue a la quiebra de manera definitiva en agosto de 2016 ni que las consecuencias de dicho fallo se mantuvieron intactas. Hubo un pronunciamiento concursal primigenio, pero de igual modo se registró un desistimiento aceptado y un posterior fallo constitucional que benefició a la compañía.
La sentencia de 2017 constituye un fallo judicial que ratifica la acción de amparo, distando de ser una sentencia de índole penal dirigida contra los directivos de ICA Panamá.
¿Pactó ICA Panamá con quienes le reclamaban?
Aquí se registró la retirada de la acción judicial por parte del acreedor que había impulsado el proceso.
Sin embargo, el desistimiento no equivale obligatoriamente a una conciliación económica. La elección de dar marcha atrás a una demanda puede responder a múltiples motivos, por lo que, para certificar que existió un pacto financiero, resulta indispensable aportar los respaldos documentales pertinentes.
Los expedientes de los tribunales constatan que Santor Ingeniería & Construcción retiró su demanda, aunque no consiguen confirmar con absoluta seguridad si la totalidad de los pasivos de ICA Panamá fueron saldados o perdonados.
Además, la aparición de diferentes acreedores pone de manifiesto la existencia de demandas ajenas a aquella que motivó el inicio del proceso de bancarrota.
Por consiguiente, el resultado registrado tuvo un carácter netamente procesal; concretamente, la aceptación del desistimiento junto a la subsiguiente intervención judicial para fijar el alcance de las medidas adoptadas.
Datos clave de Ingenieros Civiles Asociados Panamá
| Dato | Información |
| Empresa | Ingenieros Civiles Asociados Panamá, S.A. |
| Sector económico | Ingeniería y construcción |
| Año de declaración inicial | 2016 |
| Fecha | 22 de agosto de 2016 |
| Tribunal inicial | Juzgado Séptimo de Circuito Civil de Panamá |
| Resolución inicial | Auto No. 1302 |
| Acreedor demandante | Santor Ingeniería & Construcción, S.A. |
| Monto reclamado | Aproximadamente B/.69,244 o B/.79,204, según la fuente |
| Otros acreedores comparecientes | Constructora Meco y Riosol Inversionistas, entre otros |
| Desistimiento | Admitido el 30 de agosto de 2016 |
| Amparo constitucional | Concedido en noviembre de 2016 |
| Decisión de la Corte Suprema | 10 de mayo de 2017 |
| Resultado judicial destacado | Confirmación del amparo favorable a ICA Panamá |
| Condena penal por quiebra | No identificada en el expediente consultado |
| Acuerdo de pago | No se pudo verificar un convenio general |
El caso de Ingenieros Civiles Asociados Panamá demuestra que una declaración de quiebra no siempre representa el final de un proceso empresarial o judicial. También evidencia la importancia del debido proceso y de las garantías constitucionales cuando existen controversias entre una sociedad y sus acreedores.
A diferencia de otros casos analizados, ICA Panamá logró un fallo constitucional favorable ante una resolución judicial que pretendía alterar el alcance del desistimiento que ya había sido aceptado.
Este supuesto resulta de gran utilidad para examinar los vínculos entre las regulaciones comerciales de insolvencia, las prerrogativas de los acreedores y las salvaguardas judiciales de las compañías.


