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El Grupo Fotokina constituyó uno de los conglomerados comerciales reconocidos de Panamá, destacándose fundamentalmente por su presencia en la comercialización de electrodomésticos, aparatos electrónicos, dispositivos fotográficos y diversos artículos de importación. Constituido en 1973, llevó a cabo sus actividades por medio de variadas empresas mercantiles y afianzó vínculos tanto con proveedores extranjeros como con múltiples entidades bancarias.
Su expansión vino de la mano de una alta dependencia del crédito bancario. Una parte de sus actividades se ejecutaba mediante sociedades vinculadas y cuentas por cobrar en plazas extranjeras.
A principios del año 2002, los problemas económicos comenzaron a manifestarse con claridad. De acuerdo con diversas indagaciones periodísticas, el consorcio admitió inconvenientes para recuperar cerca de US$54 millones vinculados a transacciones comerciales efectuadas en México y Venezuela. Dicho escenario afectó su solvencia y mermó su aptitud para responder a tiempo con sus compromisos financieros.
¿En qué año se fue a la quiebra y de qué manera ocurrió?
El 11 de junio de 2002, el Juzgado Decimoséptimo de Circuito Civil de Panamá declaró oficialmente la quiebra de Fotokina, atendiendo a una solicitud del Banco Continental de Panamá.
Para entonces, la organización lidiaba con complicaciones para saldar compromisos bancarios que rebasaban los 50 millones de dólares. Su modelo financiero descansaba en la cobranza de carteras pendientes y en la prórroga de financiamientos, factores que profundizaron la emergencia al desatarse las morosidades.
Antes de que se emitiera el fallo judicial, el conglomerado había procurado pactar con cerca de 15 bancos la reorganización de sus deudas. Dicha estrategia buscaba extender los plazos para pagar y conseguir liquidez fresca por medio de un fideicomiso. Pese a los esfuerzos, la iniciativa fracasó y los acreedores decidieron acudir a la vía legal.
La decisión judicial implicó la intervención de las sociedades afectadas, la administración de sus bienes mediante un curador y el inicio del proceso de liquidación. Guillermo Márquez Amado fue designado inicialmente para esa función.
La crisis también generó repercusiones en el ámbito laboral. Cerca de 250 personas empleadas padecieron las consecuencias derivadas del cese de actividades y de los problemas financieros del grupo empresarial.
Procesos judiciales y sentencias
El asunto de Fotokina trascendió la esfera de un simple proceso concursal mercantil. Asimismo, propició la apertura de una indagatoria de índole penal centrada en presuntas anomalías asociadas a la gestión patrimonial, los registros contables y las obligaciones financieras de la entidad.
Tras estudiar las causas del colapso económico del conglomerado, en 2008 el Juzgado Decimoséptimo de Circuito Civil le dio la calificación de quiebra fraudulenta.
Posteriormente, el 22 de mayo de 2009, el Juzgado Quinto de Circuito Penal dictó una sentencia que condenó a Murli Kischinchand Chugani y Ram Choitharam Nandwani a tres años de prisión por el delito de quiebra fraudulenta.
La sentencia también incluyó una absolución a favor de Sharmila Nandwani. En 2014, el Segundo Tribunal Superior confirmó las condenas y la absolución dictadas en primera instancia. Esto constituye una diferencia importante frente a otros casos empresariales: en Fotokina sí se documentaron condenas penales específicas por la quiebra fraudulenta.
La existencia de estas condenas no debe confundirse con el cumplimiento efectivo de penas de prisión. La Prensa informó el 28 de enero de 2014 que ninguno había estado preso hasta entonces. Las fuentes revisadas no permiten confirmar si las penas se cumplieron después de la confirmación de las condenas en 2014.
¿Hubo intentos de acuerdo con los acreedores?
Sí hubo intentos de acuerdo previos a la quiebra: el grupo negoció con las entidades bancarias una reestructuración orientada a prorrogar sus créditos, aportar garantías y sostener la continuidad del negocio.
No obstante, el arreglo no se concretó de manera suficiente para evitar la insolvencia judicial.
Con la quiebra ya declarada, arrancaron las actuaciones para identificar, recuperar y liquidar los activos. El curador se ocupó de vender bienes y de atender obligaciones pendientes, pero las fuentes consultadas no registran un acuerdo final que haya permitido pagar todo a todos los acreedores y cerrar cada una de las reclamaciones.
Aspectos fundamentales de Grupo Fotokina
| Dato | Información |
| Empresa | Grupo Fotokina y sociedades relacionadas |
| Sector económico | Comercio de electrónicos y electrodomésticos |
| Año de quiebra | 2002 |
| Fecha de declaración | 11 de junio de 2002 |
| Tribunal | Juzgado Decimoséptimo de Circuito Civil |
| Deuda inicial reportada | Más de US$50 millones con bancos |
| Principal dificultad | Problemas de liquidez, cobro de deudas externas y obligaciones financieras |
| Acreedores | Bancos, proveedores y otros interesados |
| Proceso penal | Sí, por quiebra fraudulenta |
| Condenas | Dos condenas de tres años de prisión, dictadas en 2009 y confirmadas en 2014 |
| Acuerdo con acreedores | Reestructuración intentada, sin éxito suficiente para impedir la quiebra |
| Consecuencia destacada | Liquidación de activos y afectación a aproximadamente 250 trabajadores |
La bancarrota del Grupo Fotokina evidencia la manera en que un gran negocio comercial puede sumirse en una grave crisis al rebasar sus compromisos financieros la aptitud para generar efectivo. Los tropiezos en la recaudación de cobros pendientes, la dependencia de la financiación ajena y las anomalías detectadas por la justicia propiciaron que esta situación se transformara en un referente de gran relevancia.
Su nota más destacada residió en que la bancarrota corporativa concluyó acompañada de fallos punitivos por quiebra fraudulenta. Dicho asunto habilita examinar el vínculo existente entre la gestión económica, el deber de los administradores y la salvaguarda de los acreedores.


