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Con proyectos turísticos, hoteleros e inmobiliarios en Panamá, R.G. Hotels, Inc. fue un conglomerado con fuerte presencia en la zona de Playa Blanca y Coronado. Su actividad incluía instalaciones hoteleras, complejos residenciales y proyectos de inversión.
Entre las compañías vinculadas figuraba Casa de Campo Farallón, S.A. Dicho conglomerado había sido impulsado inicialmente por el hombre de negocios Rugiere Gálvez Marcucci.
Para obtener fondos destinados a sus operaciones, acudió, entre otros medios, a la bolsa de valores panameña. En el transcurso de 2012, la Superintendencia del Mercado de Valores dio su visto bueno a una emisión de bonos corporativos de 15 millones de dólares y a otra de valores comerciales negociables por la misma cantidad.
El sistema posibilitaba recaudar fondos de los inversores mediante promesas de pago a futuro, las cuales se encontraban avaladas por las garantías fijadas en las emisiones.
Con el tiempo, el aumento de las obligaciones, los problemas financieros y las irregularidades en la información entregada al regulador complicaron la situación del grupo.
¿Qué año quebró R.G. Hotels y qué ocurrió?
La quiebra judicial se dictó el 21 de octubre de 2015, fecha en la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito Judicial de Coclé, a cargo del juez Manuel Jesús Corrales Hidalgo, declaró en quiebra a R.G. Hotels y Casa de Campo Farallón.
Una de las peculiaridades más debatidas radicó en que la bancarrota se decretó con carácter retroactivo al 31 de julio de 2012.
Esto significaba que el tribunal consideró una fecha de cesación de pagos anterior a operaciones financieras y comerciales realizadas posteriormente. La decisión produjo importantes controversias sobre la situación de los acreedores y la validez o eficacia de determinadas garantías.
En noviembre de 2014, una nueva estructura inversionista había tomado el control accionario de R.G. Hotels. En septiembre de 2015 se promovió la quiebra voluntaria de las sociedades involucradas.
En agosto de 2016 la prensa ya hablaba de obligaciones acumuladas por un mínimo de 65 millones de dólares, sumando distintos compromisos. La crisis alcanzó a bancos, inversionistas en valores, proveedores y compradores de condominios en los proyectos inmobiliarios.
Procesos judiciales y sentencias
El caso R.G. Hotels dio lugar a varios procesos judiciales vinculados con la quiebra, la recuperación de créditos y las garantías de los inversionistas.
El conflicto más visible giró alrededor de los fideicomisos que respaldaban las emisiones: ABS Trust, que actuaba como fiduciaria, acudió a la Corte Suprema de Justicia para pedir que el proceso de quiebra se trasladara a un juzgado de la capital.
También surgieron disputas acerca de la intervención de los acreedores en el concurso, así como sobre las gestiones orientadas a la recuperación de los bienes hipotecados.
Durante enero del año 2016, la Sala Tercera de la Corte Suprema desestimó una petición para frenar la subasta judicial vinculada con compromisos económicos ante la Caja de Ahorros. Dicho fallo se enmarcó dentro de la disputa por impago, si bien no constituyó una sentencia de índole penal por la bancarrota.
El conflicto continuó durante años. En febrero de 2024 se informó que el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales había fijado una audiencia preliminar para seis personas investigadas por la presunta compra fraudulenta del hotel Wyndham Grand Playa Blanca, un asunto relacionado con el conglomerado.
No se ha podido verificar, con las fuentes consultadas, una sentencia penal condenatoria firme derivada de ese proceso. Por tanto, sería incorrecto afirmar que las seis personas investigadas fueron condenadas.
¿Se alcanzaron acuerdos con los acreedores?
Durante el trámite se implementaron métodos de garantía, reclamaciones y trámites orientados a la recuperación de fondos; no obstante, tales acciones no equivalen a un entendimiento o liquidación global de pago.
En 2016, los acreedores seguían lidiando con obstáculos para hacer valer sus derechos. La condición legal de los bienes, las demandas en curso y el procedimiento concursal obstaculizaban la enajenación de los activos o su aprovechamiento para recuperar el capital invertido.
No se halló un acuerdo definitivo, con respaldo público, que saldara la totalidad de los pasivos del conglomerado.
Datos clave de R.G. Hotels
| Dato | Información |
| Empresa | R.G. Hotels, Inc. y Casa de Campo Farallón, S.A. |
| Sector económico | Turismo, hotelería y desarrollo inmobiliario |
| Año de quiebra | 2015 |
| Fecha de declaración | 21 de octubre de 2015 |
| Fecha retroactiva fijada | 31 de julio de 2012 |
| Tribunal | Juzgado Primero Civil de Coclé |
| Emisiones autorizadas | US$30 millones en bonos y valores comerciales |
| Compromisos reportados | Al menos US$65 millones en 2016 |
| Acreedores afectados | Bancos, inversionistas, proveedores y otros |
| Juicios | Procesos civiles, actuaciones ante la Corte Suprema y una investigación penal relacionada |
| Condenas penales | No verificadas en las fuentes consultadas |
| Acuerdo definitivo | No se identificó uno que resolviera todas las obligaciones |
La bancarrota de R.G. Hotels dejó al descubierto los peligros inherentes al financiamiento de iniciativas turísticas e inmobiliarias a través de créditos bancarios y colocaciones en la bolsa de valores.
La decisión de establecer una fecha retroactiva de quiebra produjo conflictos sobre las garantías y los derechos de los acreedores. El caso también mostró que los efectos de una insolvencia pueden extenderse más allá de los accionistas y afectar a inversionistas, compradores de viviendas y proveedores.
El caso de R.G. Hotels muestra hasta qué punto puede complicarse una quiebra cuando intervienen muchas sociedades, inmuebles, fideicomisos e instrumentos financieros.


